Comisión liquidadora prevé concluir el cierre de nueve instituciones públicas al finalizar agosto
Los procesos registran un avance superior al 95%. El Estado ha desembolsado más de 328 millones de lempiras entre prestaciones laborales y pago a acreedores.
El proceso de liquidación y cierre definitivo de nueve instituciones públicas del Estado de Honduras concluirá durante el presente mes de agosto, al registrar actualmente un avance de ejecución de entre el 95% y 96%, según informó oficialmente el comisionado Leonel Núñez.
La Comisión de Liquidación detalló que entre las dependencias bajo este régimen de supresión se encuentran la Secretaría de Planificación, la Dirección General de Cinematografía y el Instituto de la Memoria Histórica.
A la fecha, las etapas críticas del proceso —como el inventario y traslado de bienes públicos, la cancelación de cuentas pendientes con acreedores y el pago de los derechos laborales correspondientes— se encuentran prácticamente finalizadas.
En el renglón financiero y presupuestario, el comisionado Núñez precisó que se han erogado alrededor de 148 millones de lempiras destinados estrictamente al pago de prestaciones de los trabajadores desvinculados, sumado a más de 180 millones de lempiras ejecutados para honrar los compromisos adquiridos con los distintos acreedores de las entidades suprimidas.
No obstante, las autoridades informaron que aún se encuentra pendiente la firma de finiquitos por parte de 158 excolaboradores.
Evaluación de nuevas dependencias
Al cierre del informe de avances, la Comisión de Liquidación adelantó que se iniciará una fase de diagnóstico técnico y legal sobre la estructura operativa de otras secretarías, programas institucionales y organismos descentralizados del Estado.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si las dependencias actuales cumplen con el impacto presupuestario y la función social para la cual fueron creadas originalmente.
Aquellas entidades gubernamentales que muestren duplicidad de funciones o que no alcancen sus objetivos misionales podrían ser sometidas a futuros procesos de supresión y reestructuración en el marco de la optimización del aparato estatal.