
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) se pronunció este lunes sobre las medidas anunciadas por la Secretaría de Seguridad en coordinación con el Ministerio Público para restringir protestas en la vía pública.
A través de un comunicado, el ente dirigido por la abogada Blanca Izaguirre recordó que los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación están reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, enfatizó que la protesta social es esencial en una democracia y no puede restringirse bajo argumentos de «orden público» sin la existencia de amenazas claras y verificables.
Asimismo, el Conadeh señaló que no es necesario que las autoridades exijan autorizaciones excesivas para permitir manifestaciones, pues esto podría limitar indebidamente el derecho a la protesta.
«La protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización», dice el comunicado.
Destacó que este derecho incluye la posibilidad de afectar la circulación y ocupar espacios públicos, siempre que no represente un riesgo grave para la vida o la integridad de las personas.
El organismo también advirtió que la autoridad debe priorizar la libertad de expresión al regular el uso del espacio público y no considerar automáticamente las protestas como actos de desorden.
Recomendaciones para la Secretaría de Seguridad
El Conadeh también hizo una serie de recomendaciones para la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, entre ellas:
- Abstenerse de emplear medidas que restrinjan arbitrariamente el derecho a la protesta de las y los ciudadanos.
- Evitar la criminalización del libre ejercicio de este derecho y los demás conexos.
- Conocer la relevancia del espacio público para la protesta.
- Promover un entorno seguro para el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación.
Este pronunciamiento surge luego de que la Secretaría de Seguridad anunciara nuevas regulaciones para la toma de vías públicas en protestas, lo que ha generado críticas de sectores defensores de derechos humanos y sociedad civil.
Una de las medidas es que la Policía anunció que los manifestantes que realicen cualquier acción que atente en contra del derecho a libre circulación, serán identificados mediante registros fotográficos y audiovisuales a fin de deducir las responsabilidades conforme al Código Penal.