El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, afirmó este martes que confía en obtener “justicia” y una “carta de libertad definitiva” en el proceso que enfrenta por fraude y lavado de dinero en su país.
“Esperamos que esta audiencia por prolongada que sea, siempre termine en justicia”, dijo Hernández a los periodistas, antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde llegó acompañado de su familia y bajo un riguroso dispositivo de seguridad.
Hernández, de 57 años, enfrenta este caso conocido como Pandora II, tras regresar a Honduras el pasado 26 de junio, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara en diciembre de 2025 de la condena a 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, dos años después de su extradición a ese país.
La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
“Hemos amanecido pidiéndole a Dios por el país y le hemos pedido que nos haga justicia”, subrayó el exmandatario antes de la reanudación de la audiencia inicial, que fue suspendida el pasado día 12 a petición de la defensa, que solicitó más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
“Pero obviamente somos respetuosos de los procesos, del debido proceso y del principio de inocencia. Ellos (la Fiscalía) presentaron sus medios de prueba, vamos a hacer las objeciones del caso y presentar las nuestras para que el juez pueda decidir”, explicó el expresidente.
Hernández afronta el proceso en libertad y con prohibición de salir de Honduras, medidas impuestas por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción durante la audiencia de imputación del pasado 3 de agosto, en la que también se determinó que el caso debía seguir en la justicia ordinaria y no en la Corte Suprema de Justicia, como se había planteado inicialmente.
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