“Como fiscal general de la República, informo sobre un caso sin precedentes en la historia reciente del país”, dijo Johel Zelaya al abrir la conferencia de prensa que estremeció este 14 de agosto de 2025.
Lo que siguió fue una revelación de alto impacto: el Ministerio Público, dijo Zelaya, desarticuló una conspiración criminal cuyo objetivo era asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales y forzar la caída del gobierno de Xiomara Castro para impedir la celebración de las elecciones generales de 2025.
Las acusaciones no se lanzaron al aire. Según el fiscal, los hechos están sustentados en evidencias “técnicas, científicas y documentales”, presentadas ante los juzgados de criminalidad organizada.
Fiscal: «Son tres acusados»
Johel Zelaya confirmó que se giraron órdenes de captura contra: Arcadio López Estrada, Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera.
Los señalan como parte del plan, de una conspiración. A dos de ellos los acusaron por terrorismo y tentativa de asesinato, delitos tipificados en el actual Código Penal hondureño.
El fiscal advirtió que este complot no es un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal más amplia, con fines explícitos: desestabilizar la democracia, impedir las elecciones y forzar la salida anticipada de la presidenta Castro, dijo.
“Estas personas están participando en una conspiración criminal cuyo objetivo es atentar contra la vida del expresidente José Manuel Zelaya Rosales”, señaló Zelaya.
Las pruebas: audios, análisis técnicos y comunicaciones
Lejos de rumores o especulaciones, el Ministerio Público asegura contar con material probatorio sólido.
Entre ellos, audios delicados, análisis técnicos de comunicaciones y documentos periciados que ya se judicializaron según dijo.
“Estas pruebas no son conjeturas. Son evidencias científicas irrefutables que confirman la existencia de un plan criminal para alterar violentamente el orden democrático”, dijo el fiscal general.
Zelaya recordó que hace apenas unas semanas lo criticaron por advertir la existencia de grupos externos que buscaban influir en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Más implicados bajo la lupa del Ministerio Público
Zelaya también advirtió que la investigación continúa y que ya se trabaja para ampliar las acusaciones a otros involucrados.
“La sociedad debe tener la confianza de que este Ministerio Público cumplirá con su deber”, enfatizó, prometiendo transparencia y firmeza en la lucha contra la criminalidad común y organizada.
La democracia en Honduras como línea roja
Para el titular del Ministerio Público, este caso representa un punto de quiebre. “Confirmamos ante el pueblo hondureño que estamos decididos a combatir frontalmente la criminalidad”, afirmó.
Y agregó que, aunque la publicidad del proceso es un derecho del acusado, también lo es de la sociedad, siempre y cuando no se comprometa la investigación.
Los audios que confirman la conspiración
La pieza que presentaron durante la conferencia fueron los audios. La Fiscalía presentó grabaciones en las que se escucha claramente a los implicados discutiendo cómo ejecutar el plan.
No hay códigos, no hay sutilezas. Hay órdenes, frustraciones y una convicción violenta de que “parar el país” y “matar a Zelaya” es el camino, según se escuchó.
“Hay que matar a ese hijo de p…., brother. A mí me vale verg…… que digan que estoy matando el perro… Ya está el plan, loco. Ya está el plan.”, dice una voz, exaltada, en uno de los fragmentos presentados.
En otro momento, el mismo interlocutor afirma:
“Si no paramos el país, no hacemos nada. Nada hacemos. Tenemos que sacrificarnos todos. Todos. Cerrar el país por completo… Un mes le pongo y el gobierno cae.”
Los audios, que ahora forman parte del expediente presentado ante los tribunales de criminalidad organizada, representan lo que el fiscal llamó “evidencias científicas irrefutables”.
¿Una amenaza aislada o un plan estructurado?
Zelaya no dejó dudas al respecto: el plan criminal no fue ideado por actores solitarios. Es parte de una estructura que intenta boicotear las elecciones y generar una ruptura del orden institucional.
“Esto no es una conjetura. Las pruebas están ahí”, subrayó.
El caso no solo busca justicia, sino garantizar que Honduras llegue a las elecciones generales de 2025 en paz y con institucionalidad firme, dijo el fiscal.
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