El Gobierno de Donald Trump ha endurecido en los últimos días aún más las restricciones para obtener visas y entrar a EE.UU., con nuevas prohibiciones de viaje, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y revocaciones masivas de permisos, en medio de un récord de deportaciones.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó en julio el número mensual de detenciones más alto en lo que va del segundo mandato de Trump, con 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.
Además, las acciones migratorias de Trump han generado cientos de demandas sin precedentes de diversas organizaciones a través del país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que su Administración ha rebatido, algunas con éxito.
El rechazo de Trump a la inmigración irregular ha estado presente a lo largo de su carrera, con discursos xenófobos que han creado mucha controversia, como el que pronunció en 2015, cuando anunció que aspiraba a la presidencia y afirmó que México enviaba a EE.UU. crimen, drogas y violadores.
A su llegada a la Casa Blanca en 2017 firmó de inmediato órdenes ejecutivas prohibiendo la entrada al país durante 90 días de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendió indefinidamente el programa de admisión de refugiados sirios.
También autorizó la construcción de un muro fronterizo, como había prometido, para frenar la inmigración desde el sur, tema que estuvo muy presente durante su primer mandato.
En este segundo cuatrienio ha intensificado estas acciones, con una política encabezada por “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” y decisiones controvertidas como la suspensión temporal de las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, con el argumento de que necesitan entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos.
La Administración Trump también contempla cancelar visas de negocios y turismo a extranjeros que hayan solicitado asilo tras ingresar a Estados Unidos.
Sobre este tema, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, indicó hoy en X que, tras revisar las visas diplomáticas y oficiales concedidas entre 2019 y 2023, el Departamento de Estado descubrió 420 personas de un país que habían entrado con esos visados solicitaron posteriormente asilo.
“Personas a quienes se les permitió ingresar a nuestro país en nombre de un gobierno extranjero alegaron que debían permitírseles quedarse porque enfrentaban persecución POR PARTE DE ESE MISMO GOBIERNO”, indicó Landau.
De otro lado, el Gobierno de Trump presentó este jueves una demanda para impugnar varias leyes estatales en Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que permiten a las universidades ofrecer matrículas con descuento y ayuda financiera a estudiantes que no cuentan con un estatus migratorio.
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