ANEEAH denuncia orden de ‘asesinar’ enfermeras; Policía dice que ‘es falso’
Director de la Policía Nacional dice que la única orden es "prohibir la toma de las carreteras". Codeh llama a la calma.
El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, denunció que la Policía Nacional habría recibido órdenes de «asesinar enfermeras auxiliares». Las profesionales de la enfermería protestan este martes por segundo día consecutivo para exigir el cumplimiento de varias demandas.
“Hay una orden precisa de este gobierno de que vayan y asesinen enfermeras auxiliares”, declaró Orellana. No obstante, reconoció que muchos policías no acataron esas órdenes en las protestas del lunes en las que hubo varios episodios de violencia contra el gremio.
Una de las exigencias de los auxiliares de enfermería, que el lunes salieron a las calles y realizaron asambleas informativas en varias ciudades de Honduras, es la contratación de más personal.
“Sí hay dinero para hacer marcha, sí hay dinero para hacer política, pero no hay dinero para darle una respuesta al pueblo hondureño, porque cuando contratan personal (…) le hacen un favor al pueblo hondureño”, cuestionó Murillo, en alusión a la movilización que el partido Libertad y Refundación (Libre) realizó el sábado en San Pedro Sula.
La grave acusación de la ANEEAH
La protesta de los auxiliares de enfermería continúa este martes pese a las advertencias de la Secretaría de Salud de aplicar sanciones a quienes se ausenten de sus labores.
El presidente de la ANEEAH dijo que aún no les han realizado audiencia de descargo, pero comparó que las autoridades «quieren hacer lo mismo que en Nicaragua», cuyo gobierno, dijo Orellana, está denunciado en Washington porque «los sindicatos aliados» se pusieron de acuerdo «para perseguir y afectar a líderes» que no están «alineados» con el oficialismo.
«Lo mismito están haciendo en Honduras», señaló. «Lo mismo están haciendo también hoy la Policía Nacional, desde el ministerio de Seguridad, dando órdenes de asesinar enfermeras auxiliares, que hoy lo denunciamos nosotros públicamente», agregó.
«Aquí lo que falta es que terminen de matar a todas las enfermeras auxiliares o que las metan presas o las despidan a todas», continuó. Aunque advirtió que en el momento que las autoridades despidan al primero de lo siete mil auxiliares de enfermería, “nosotros les abandonamos completamente lo hospitales”.
En relación a la violencia de la que han sido objeto las enfermeras auxiliares, y que según Murillo se generó desde la Secretaría de Salud, denunció que las protestas del lunes en la ciudad de El Progreso, Yoro, dejaron «tres enfermeras lesionadas» y varias «personas gaseadas».
Mientras que en Santa Bárbara, un policía «le partió la pierna en dos a una enfermera auxiliar» y otro «sacó una bomba lacrimógena» y se las tiró a las enfermeras auxiliares.
Orellana calificó estas acciones como extremas y sin precedentes, a la vez que reprochó el uso de bombas lacrimógenas por parte de un gobierno que, según él, prometió invertir en medicamentos en lugar de represión.
La reacción de la Policía Nacional
En contraste con las serias acusaciones, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, desmintió categóricamente las declaraciones de Orellana.
Aguilar Godoy consideró «totalmente falso y denigrante» la versión de que la policía haya recibido instrucciones para atacar al personal de enfermería.
El general enfatizó el «cariño, aprecio y apoyo excepcional» de la Policía Nacional hacia los enfermeros, enfermeras y médicos, reconociendo su labor crucial en la recuperación de los agentes heridos.
«Ellos nos han auxiliado en nuestros períodos de recuperación», afirmó Aguilar Godoy, añadiendo que cuando los policías resultan lesionados, «ellos son nuestros dioses» y «las personas que nos han salvado la vida».
El director policial aclaró que la única orden constitucional que tienen es «prohibir la toma de las carreteras», ya que esto «conculca el derecho de otros hondureños».
Aseguró que en las intervenciones, como la de San Pedro Sula, «en ningún momento se violentaron sus derechos humanos», y que la policía no usó la violencia física ni gases lacrimógenos.